TS. Vacaciones e IT. También pueden retrasarse aquellas que se conceden para su disfrute en fechas concretas como la Navidad

Felices vacaciones

Vacaciones otorgadas por pacto colectivo para su disfrute en fechas concretas (Navidad). Empresa que niega la posibilidad de retrasar su disfrute cuando coinciden con situaciones de incapacidad temporal (IT) al considerarlas no ordinarias. Improcedencia.

Del artículo 38 del ET no cabe inferir que, dentro de las vacaciones, existan dos modalidades distintas, puesto que lo que el legislador hace es remitir al pacto –colectivo o individual– para determinar la duración del periodo de vacaciones anuales retribuidas, con la única condición de que se respete la norma de derecho necesario que impone que en ningún caso la duración sea inferior a 30 días naturales (inciso final del art. 38.1 ET). Ese mínimo relativo a los 30 días naturales al año no impide el reconocimiento de un periodo de vacaciones superior, ni implica la desnaturalización de aquellos días que, por encima del mínimo, el convenio o el pacto individual reconozcan, los cuales seguirán teniendo la naturaleza de vacaciones anuales retribuidas. Por consiguiente, lo que determina que estemos ante el derecho a las vacaciones anuales retribuidas no es el hecho de que la particular concreción de los días de descanso anual se realice en el calendario de la empresa. La inclusión en el mismo abarcará, en todo caso, tanto a las fechas que por su propia definición sean más o menos presumibles como las que haya que precisar en cada anualidad. Incluso las vacaciones de cinco días de Navidad necesitarán ser concretadas, en la medida en que tal periodo, si bien se corresponde con la celebración del día 25 de diciembre, no posee unos contornos más precisos fuera de esa fecha, pudiendo entenderse por tales los días que preceden a la Navidad, mas también aquellos inmediatamente posteriores, al ser esta una acepción que popularmente puede haber incorporado las celebraciones previstas para el fin de año. Por tanto, son contrarias a la Directiva 2003/88/CE las disposiciones nacionales o convenios colectivos que establezcan que un trabajador en situación de IT, durante el periodo de vacaciones anuales fijado en el calendario de vacaciones de la empresa, no tiene derecho, tras el alta médica, a disfrutar sus vacaciones anuales en un periodo distinto del fijado inicialmente y, por tanto, en su caso, fuera del periodo de referencia de que se trate (Vid. STSJ del País Vasco, de 14 de febrero de 2017, rec. núm. 193/2017, casada y anulada por esta sentencia).

(STS, Sala de lo Social, de 4 de julio de 2018, rec. núm. 1619/2017)

fuente: laboral-social.com

Informe positivo del Ministerio de Hacienda para el anticipo de la jubilación anticipada de la Policía Local

El conflicto en la Policía Local fuerza al Ayuntamiento a dictar un decreto de horas extras obligatorias

fuente: elprataldia.com

Los policías locales han colapsado los correos electrónicos de Hacienda para poder jubilarse

El Ministerio ha recibido durante tres días consecutivos decenas de miles de mensajes en cuatro direcciones distintas de altos cargos (incluida la ministra)

Los agentes de la Policía Local podrán jubilarse de manera anticipada a los 59 años a partir de enero de 2019, tal y como ocurre ya con los policías nacionales y los bomberos. Así lo anunció este martes, al menos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Según este sindicato, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha confirmado que el Ministerio de Hacienda ha desbloqueado el procedimiento.

Granado ha comunicado que dispondrá en breve del informe de Hacienda. Será remitido al Consejo de Estado, previsiblemente la próxima semana. Calcula que será dictaminado a finales de este mes, para ser enviado a la Comisión de Subsecretarios y luego al Consejo de Ministros en noviembre o diciembre para su entrada en vigor en enero.

Más de 30 ayuntamientos se suman al proceso para hacer fijos a los policías locales

Imagen de la Policía Local de Palma actuando en un accidente de tráfico.

Imagen de la Policía Local de Palma actuando en un accidente de tráfico.

Un total de 32 ayuntamientos de Baleares ya se han sumado a los procesos para convertir en fijos de carrera a policías locales con plaza interina, ha informado la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas.

La consellera Catalina Cladera, ha abierto este miércoles una sesión informativa para responsables municipales que la Escuela Balear de Administración Pública y la Dirección General de Emergencias e Interior han organizado para informar de las posibilidades de acogerse al procedimiento extraordinario previsto por el Govern.

Condenada a 4.200 euros de multa una policía municipal de Pamplona que reveló un documento policial por WhatsApp

Una agente de la Policía Municipal de Pamplona que difundió un informe policial interno por WhatsApp ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal número 1, por un delito de revelación de secretos, a 4.200 euros de multa y año y medio de inhabilitación para empleo y cargo público. La sentencia es recurrible.

Desbloquejat el procediment de la nostra jubilació anticipada

Entrevista a Juan Francisco Rodríguez en betevé


Espai que analitza en profunditat els titulars i protagonistes del dia a Barcelona, presentat per Eva Arderius.

Entrevista en Betevé al responsable de la Sección sindical SPL-UGT, Juan Francisco Rodríguez. Del minuto 06:32 al 16:42.

La UGT condemna l’agressió a un vigilant de seguretat privada a Premià de Mar i exigeix que es doti el personal dels materials d’autoprotecció necessaris

El sindicat de Seguretat Privada i Serveis Auxiliars de la UGT de Catalunya condemna l’agressió a un vigilant de seguretat privada la nit de dimarts a Premià de Mar mentre treballava en una línia de Renfe Rodalies.

El vigilant va ser atacat amb arma blanca per un grup de joves als quals se’ls havia cridat l’atenció per cometre actes incívics dins del comboi.

Desitgem que el treballador agredit es recuperi aviat de les ferides i insistim novament en l’obligació que tenen les empreses de dotar els treballadors i les treballadores de la seguretat privada dels mitjans d’autoprotecció necessaris segons els riscos derivats dels serveis que duen a terme.

Així mateix, i davant l’augment d’aquest tipus d’agressions, exigim que s’adeqüi amb urgència la llei de prevenció de riscos laborals específica per a aquests llocs de treball.

SOL.LICITUD DE DIRECTRIUS TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS COMUNS DE LES POLICIES LOCALS DE CATALUNYA

 

Maria Begoña C F

Subdirectora general de coordinació de Policia de Catalunya

Departament d’Interior

Juan Francisco Rodríguez Martín, com responsable del Sindicat de Policia Local de Catalunya de la FeSP UGT, arran la situació de nivell d’alerta Antiterrorista 4, nivell elevat i tenint en compte el succeït a Cornellà i els atemptats de Les Rambles de Barcelona i posteriors de Cambrils.

Després del que va succeir a Cornellà, tant la Conselleria  com el “Ministerio de Interior” van enviar circulars per que s’extremessin les mesures de protecció de les comissaries i autoprotecció de tots els policies,  davant possibles atemptats terroristes.

Estarem d’acord que la vostra Subdirecció general de coordinació de Policia de Catalunya, es la més adient per  confeccionar les directrius tècniques i els procediments comuns de les Policies Locals de Catalunya, on quedin reflectits els mínims a aplicar pels municipis que disposin de Policia Local, sigui la que sigui la seva denominació, on es tinguin presents les amenaces a les que també ens enfrontem com policies i ho hem de fer  amb el màxim nivell de seguretat i eines, de forma coordinada, planificada, amb la màxima professionalitat i eficiència. 

El Supremo exige calidad y no cantidad en la información que la empresa da a los sindicatos

Mucha documentación, pero incomprensible, vulnera la buena fe

La sentencia sugiere incluso la necesidad de un informe técnico

El Supremo exige calidad y no cantidad en la información que la empresa da a los sindicatos

El Tribunal Supremo exige a las empresas que, en los procesos de negociación con los representantes de los trabajadores, les entreguen una documentación “útil y de calidad”. Un requisito que no se entiende satisfecho con la aportación de una ingente cantidad de información, si esta resulta incomprensible por ser excesivamente técnica o ser muy difícil de ordenar.

“No es solo el número y cantidad de documentos aportados, sino también la calidad de la información contenida en los mismos”, asevera el alto tribunal en una reciente sentencia en la que anula la modificación de las condiciones de trabajo en una compañía por no haber negociado esta “conforme a las reglas de la buena fe”.

La resolución subraya que la obligación del empresario de facilitar una información adecuada no se ve cumplimentada por la aportación de “una multitud de documentos que carecen de una correcta explicación de su contenido y de una eficiente exposición de la incidencia de esos datos” en las medias que proponen. De hecho, los magistrados sugieren que, en casos más complejos, la compañía debe recurrir a elaborar un informe técnico que permita a los sindicatos comprender las circunstancias que tienen incidencia en la negociación en curso.

En este sentido, la sentencia reprocha a la empresa que no realizara esfuerzo alguno para que los sindicatos comprendieran los documentos aportados, mientras que sí se afanó en elaborar un informe pericial para convencer al órgano judicial de la oportunidad de aplicar la modificación laboral objeto de la demanda. “De lo que se trata es de que los representantes de los trabajadores dispongan de forma efectiva de toda la información necesaria” durante el periodo de consultas, remarca el texto.

‘Contact center’

El litigio lo protagoniza una empresa del conflictivo sector de los contact centers. La compañía inició un proceso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo después de que su contratista le comunicara una reducción en las horas de servicio que requería. El objetivo era la redistribución del horario de las jornadas, incrementando los turnos partidos.

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores exige que, cuando la modificación tenga carácter colectivo, debe ir precedida de un periodo de consultas a los representantes de los trabajadores, en el que el empresario debe informar de las causas que motivan su decisión. El precepto requiere, además, que los interlocutores negocien “de buena fe“.

Según la sentencia, estos requisitos no se vieron cumplidos en tanto que la compañía entregó una enorme cantidad de documentos e información cuya fiabilidad no pudo contrastarse. Los papeles “tan solo reflejaban una multitud de datos de compleja interpretación que no aportaban información efectiva, útil y de calidad adecuada para cumplimentar de buena fe el periodo de consultas”, zanja el texto.

Por todo ello, el Supremo confirma la sentencia dictada en instancia por la Audiencia Nacional, que había declarado la nulidad de la modificación de las condiciones de trabajo impuesta por la empresa, y ordena la restitución de la situación previa de la que disfrutaban los empleados.

fuente: cincodias.elpais.com

130 Aniversario UGT