El IPC del mes de noviembre refleja una tasa del 5,5%, con subidas medias salariales en convenio del 1,49%. Las personas trabajadoras están perdiendo poder adquisitivo mes a mes, por lo que resulta imprescindible aumentar los sueldos, derogar las reformas laborales e impulsar un control de los precios de la energía en nuestro país
Los datos de IPC del mes de noviembre, publicados hoy por el INE, reflejan una tasa interanual del 5,5%, una décima más respecto al mes anterior, unos datos que reflejan la pérdida de poder de compra de los salarios. El acusado y progresivo aumento de los precios repercute negativamente en la capacidad de consumo de las familias, debilitando los cimientos que sostienen la reactivación económica y la creación de empleo. Además, genera un empeoramiento de la calidad de vida de la clase trabajadora, especialmente en aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, las medidas implementadas por el Gobierno han sido muy insuficientes y no están siendo eficaces para contener el precio de la electricidad, que sigue en valores altos, mientras que el precio de los hidrocarburos muestra también un repunte alarmante en los últimos meses. A ello se le suma el encarecimiento de otros productos básicos, como el precio de algunos alimentos, lo que genera que muchos hogares se encuentren con más dificultades aún para poder llegar a fin de mes. A las puertas del invierno, la situación se presenta realmente muy preocupante y amenaza con crear una situación socialmente insostenible.
La subida del 1,49% de los salarios de convenio registrada hasta el mes de noviembre y la del 1,6% realizada para el SMI solo para los últimos cuatro meses del año resultan muy insuficientes para garantizar el poder adquisitivo de los salarios. A ello se suma las personas que han estado a lo largo del año, o que siguen estando, en situación de ERTE, que han visto sus ingresos muy mermados. Dado el avance de la productividad y los márgenes empresariales en los últimos años, existe margen para que la mayoría de empresas incremente los salarios y garanticen el poder adquisitivo sin que ello repercuta negativamente a su competitividad. De lo contrario, la recuperación económica y social no será ni justa ni suficiente, pues se sustentará sobre la base del empobrecimiento de la clase trabajadora y el debilitamiento de su capacidad de consumo.
Por ello, UGT insta al Gobierno a cumplir con urgencia con los compromisos contraídos a lo largo de su legislatura. El SMI debe subir en enero de 2022 hasta los 1.000 euros, continuando así la senda de crecimiento hasta alcanzar el 60% del salario medio (1.050 euros, aproximadamente) en 2023; mientras que los salarios mínimos de convenio deberían elevarse hasta los 1.100 euros, incluyéndose cláusulas de garantía salarial para proteger a trabajadores y trabajadoras en el caso de que los precios crezcan más de lo previsto. Para ello, la patronal deberá sentarse a negociar cuanto antes un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), de cara a recoger consensuadamente estos criterios y otorgar mayor confianza y certidumbre en esta nueva etapa de crecimiento.
A su vez, resulta absolutamente urgente y prioritario derogar las reformas laborales antes de que concluya el año, pues el empleo creado sigue siendo precario y escasamente remunerado. Por último, debe adoptar más medidas para conseguir reducir de manera urgente el precio de los productos energéticos que utilizan los hogares, y en especial los que tienen menores ingresos, a la vez que avanza hacia una reforma que impulse una democratización del sector y sitúe las necesidades de los consumidores en el centro.
Datos de interés
El IPC adelantado del mes de noviembre registra una tasa interanual del 5,5%, una décima más con respecto al dato del mes anterior. La inflación, por tanto, continúa en valores muy elevados, alcanzando la tasa más alta desde septiembre de 1992. En este comportamiento, el INE destaca el incremento del precio del transporte, que aumenta un 13,5% a consecuencia del encarecimiento de los carburantes y lubricantes; y, en menor medida, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentan un 3,3% anual. Por su parte, el precio de la electricidad sigue registrando valores muy altos, con una tasa anual del 46,7%.
La inflación subyacente, que excluye a los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se incrementa tres décimas, registrando una tasa de variación anual del 1,7%, un dato que no se alcanzaba desde julio de 2013, lo cual alerta de la existencia de aumentos estructurales del nivel general de precios que conviene vigilar en los próximos meses.
